El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto y la celebración del contrato para la segunda fase del proyecto de regeneración del barrio de San Gil de La Unión, que contempla el acondicionamiento de 48 viviendas y un local social, por un presupuesto de 1.499.975 euros.

Se trata de un proyecto que desarrolla el Instituto de Vivienda y Suelo de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, en el que también interviene el Ayuntamiento de La Unión y la Fundación Sierra Minera. Incluye la demolición de los elementos que permanecen en la construcción original en estado de ruina, el saneamiento de las instalaciones y la recomposición de espacios y dotaciones de viviendas. La estructura y los cerramientos se sanearán y repararán mejorando el aislamiento y la habitabilidad.

En esta segunda fase, el acondicionamiento se hará en 48 viviendas y un local social situadas en el número cuatro de la plaza del Cante de la Minas del barrio de San Gil. La actuación se está realizando en un grupo de viviendas sociales construidas en 1980 por el entonces Instituto Nacional de Vivienda dentro del programa nacional de erradicación del chabolismo. El grupo completo está constituido por 152 viviendas sociales distribuidas en 4 bloques de tres alturas en torno a una gran plaza interior.

El proyecto total está presupuestado en 3 millones de euros, de los que ya se han invertido 891.641 euros en una primera fase (con actuaciones para el desalojo de enseres, limpieza, desinfección y tabicados, demoliciones, reparaciones y rehabilitaciones de locales así como de las 12 viviendas cuyas obras están a punto de concluir); y para la segunda fase ya se han presupuestado 1.499.975 euros para rehabilitar otras 48 viviendas más.

La Fundación Sierra Minera, a la que se han cedido unos locales en los mismos bloques que se están rehabilitando, está realizando en la barriada una labor de reinserción social con las familias en distintas áreas de actuación: infancia, mujer y familia, comunidad y jóvenes. Son programas destinados a desarrollar los procesos formativos de niños, jóvenes y adultos; a promover la inserción laboral de los jóvenes desempleados; a implicar a la población en la rehabilitación y mantenimiento de las viviendas; a promover alternativas de ocupación de tiempo libre; y a mejorar las condiciones de salud de la población.