El responsable de Medio Ambiente del PSRM, Enrique Ayuso, afirma que la noticia recogida en un medio de comunicación regional sobre las dificultades económicas de la empresa Aria, adjudicataria del proyecto de la Bahía de Portmán -que ha entrado en concurso de acreedores-, "es un mazazo, es indignante que vuelva a ponerse en riesgo la regeneración de la bahía".
En su opinión, "las dificultades económicas de la empresa ponen de manifiesto los riesgos de dejar en manos exclusivamente privadas un interés tan público como es la regeneración de la Bahía de Portmán".
Ayuso considera que la suspensión de pagos de Aria abre serias dudas sobre su solvencia económica para acometer unos trabajos de la envergadura de Portmán. "Por ello, los socialistas exigimos al Gobierno de la nación, así como a los gobiernos regional y municipal que den la más absoluta garantía de la viabilidad económica de la empresa que asuma los trabajos antes de dar las autorizaciones necesarias".
"Queda demostrado que es insuficiente el aval exigido por el Gobierno central a la empresa adjudicataria de las obras, y se corre el riesgo de no tener garantías de la regeneración final de la bahía y todo quede en una explotación mineral mientras ésta sea rentable", añadió.
Según el responsable socialista, "no nos podemos permitir que se adjudiquen unos derechos de explotación a una empresa privada y que, por problemas económicos, deje paralizados los trabajos y se quede la bahía sin posibilidad de regenerar en el futuro". Por ello exige a los responsables de Medio Ambiente del Gobierno central, al consejero Cerdá y alcalde de La Unión "que den la cara sobre lo que está ocurriendo y expliquen las garantías para evitar que el proceso de regeneración ambiental quede empantanado".
Finalmente Enrique Ayuso recordó que el proyecto de regeneración ambiental de la Bahía de Portmán del Gobierno socialista de 2011 tuvo el acuerdo de vecinos, asociaciones ambientales, partidos políticos e instituciones; recibió una declaración de impacto ambiental favorable y contó con un presupuesto de 80 millones de euros "retenidos y fiscalizados en cuatro anualidades" que fueron suprimidos en el primer año del gobierno de Rajoy.